La Corte avala que las telefónicas guarden tus llamadas y tu ubicación por dos años, pero solo un juez podrá pedirlos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes que las empresas de telefonía e internet conserven durante hasta dos años los metadatos, los registros de llamadas, los datos de tráfico y la geolocalización de los teléfonos celulares de todos sus usuarios, como una herramienta de colaboración con las autoridades de seguridad y de procuración de justicia.
El pleno declaró constitucionales varias disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025 y negó el amparo promovido contra esa norma. Al mismo tiempo dejó un candado claro: como regla general, las autoridades solo podrán acceder a esa información con una autorización judicial previa, y únicamente en casos excepcionales de urgencia, cuando esté en riesgo la vida de una persona, podrán obtenerla sin esa orden, con una revisión judicial posterior dentro de las 48 horas siguientes. Cuando exista el requerimiento legal, las compañías deberán entregar los datos en un plazo máximo de 24 horas; la información se guarda el primer año en sistemas de consulta inmediata y el segundo en almacenamiento electrónico. La Corte también precisó que la geolocalización en tiempo real solo permite conocer la ubicación aproximada de un aparato, no el contenido de las llamadas, los mensajes o las conversaciones privadas.
La mayoría de las ministras y los ministros consideró que conservar esos registros no vulnera por sí mismo la privacidad ni la protección de datos personales, porque la ley delimita qué información puede resguardarse, fija plazos y obliga a las empresas a mantenerla con seguridad y confidencialidad. En contra votaron quienes advirtieron que el artículo no precisa con suficiente claridad los límites ni los supuestos excepcionales para aplicar estas medidas, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica para los usuarios.
La sesión cerró con un debate ríspido. La ministra ponente, María Estela Ríos González, pidió respeto a sus compañeros cuando la mayoría le exigió ajustar la metodología de su proyecto para incorporar expresamente el criterio del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y sostuvo un intercambio con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien negó que se tratara de una falta de respeto y defendió que prevaleciera el criterio mayoritario para que la sentencia quedara clara.
